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TEGUCIGALPA - El Gobierno de Roberto Micheletti y los partidarios del depuesto presidente Manuel Zelaya coincidieron por primera vez, aunque por razones opuestas, en que la misión de la OEA que llegará este lunes supone quizá el último intento por resolver por la vía diplomática la crisis política de Honduras.
"Yo sí quisiera que con la venida de estos cancilleres se termine la dialéctica de estar tratando de convencer al mundo de lo que pasó aquí", dijo a la prensa la vicecanciller hondureña, Martha Alvarado, quien subrayó que ahora "el reto" son las próximas elecciones.
"El reloj no siempre se puede hacer para atrás, Honduras debe ir para adelante", aseveró.
La misión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) es "uno de los últimos intentos diplomáticos" por lograr que el Gobierno de Micheletti deje el poder, señaló a Acan-Efe el diputado del partido Unificación Democrática (UD, izquierda) Marvin Ponce, dirigente del movimiento que exige la restitución de Zelaya.
"A los golpistas lo único que les queda es firmar el Acuerdo de San José lo más pronto posible", pues "ya no tienen margen de maniobra", afirmó el legislador.
No obstante, la reunión no estaba del todo confirmada. Ayer en la tarde el gobierno de facto evaluaba aún si recibirá el lunes a la delegación de la OEA que tiene por misión tratar sobre el retorno al poder del depuesto presidente Manuel Zelaya, dijo el domingo el actual ministro de Información, René Zepeda.
"Estamos evaluándolo, es lo que se discute en este momento, pero no hay nada aún", dijo Zepada a la AP en una conversación telefónica.
"Hasta ahora no nos han pedido (los cancilleres) una reunión", afirmó.
Mediación infructuosa
El Gobierno de Micheletti sostiene que Zelaya no sufrió un golpe de Estado, sino que los militares actuaron por un mandato judicial contra él por intentar celebrar una consulta ilegal para promover una Asamblea Constituyente, y que hubo una "sustitución constitucional" por designación del Parlamento el 28 de junio.
La visita de la OEA se enmarca en la mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, quien ha propuesto el Acuerdo de San José, de 11 puntos, entre los que figura el regreso condicionado de Zelaya, como solución de la crisis.
El fracaso de este intento, reconoció Ponce, supondrá "perder la esperanza de llegar a un acuerdo por la vía diplomática, habida cuenta que la próxima semana arranca la campaña electoral" para los comicios del 29 de noviembre.
La vicecanciller instó a ver "para adelante, qué vamos a hacer: vienen las elecciones, hay que fortalecer más la institucionalidad, aplicar la ley, combatir la corrupción. Ese es el reto de este Gobierno, que es temporal, y de los políticos".
Sin agenda
La comisión estará en Honduras el lunes y medio día del martes, dijo la integrante de la comisión mediadora por parte del gobierno de facto, Vilma Morales.
Morales apuntó que "está abierta la agenda para que pueda suceder ese punto (la reunión)".
Además reunirse con los poderes del estado, los cancilleres esperan entrevistarse con representantes de la Iglesia Católica, las Iglesias Evangélicas, los empresarios, los trabajadores, los candidatos presidenciales y distintas organizaciones de la sociedad civil, dijo la OEA en un comunicado de prensa
El Acuerdo de San José, propuesto por el presidente costarricense Oscar Arias, busca restablecer a Zelaya en el poder, otorgar una amnistía a todos los implicados en el golpe de estado. De firmarse, también otorgaría perdón a Zelaya por los delitos de traición a la patria y otros de los que se le acusa por intentar reformar las "partes irreformables" de la constitución.
"No negociable"
Pero, para el diputado Ponce, las elecciones "se trastocarán" y hasta pueden ser "violentas, impredecibles", si se celebran sin que Zelaya haya sido restituido o no se alcanza un acuerdo de reconciliación interna.
Alvarado reiteró la posición del Gobierno de Micheletti de que aunque los cancilleres son "bienvenidos", la reinstalación de Zelaya en el poder "no es negociable".
El movimiento popular que respalda a Zelaya suspendió por hoy las marchas que ha mantenido en Tegucigalpa desde su derrocamiento, y dedicó la jornada a celebrar un concierto de artistas locales e internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
No restituirán a Zelaya
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, a tono con otros poderes del Estado, se pronunció en contra de la restitución de Manuel Zelaya a la presidencia, al dictaminar sobre la propuesta del Acta de San José del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, mediador del conflicto.
"En relación al retorno del ciudadano José Manuel Zelaya Rosales a la presidencia de la República, hasta la conclusión de su periodo gubernamental, el 27 de enero del 2010, debe tenerse en cuenta que (...) existen acciones penales presentadas por la Fiscalía General de la República", anota el escrito de la CSJ por la AFP la noche del sábado al domingo.
Por ello, "no puede eludirse que (Zelaya) tendría que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal", señala el texto titulado "Opinión sobre el Documento de propuesta de Convenio de San José".
Acusado de traición
Zelaya está acusado "de los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones", recuerda la Corte en su escrito.
El texto también se hace eco del Ejecutivo respecto a que en Honduras ha habido "una sucesión constitucional", en contra de la opinión internacional y de Zelaya, que sostiene que hubo un golpe de Estado.
Arias -premio Nobel de la Paz y nombrado mediador- presentó una propuesta de solución al conflicto hondureño generado por el derrocamiento de Zelaya el 28 de junio por parte de militares que atendieron órdenes de los tribunales.
El gobierno de facto de Roberto Micheletti rechazó de plano la restitución de Zelaya, pero además adujo que algunos de los puntos de la misma competían a otros órganos del Estado. Así, el poder Ejecutivo solicitó a la CSJ que se pronunciara sobre ese aspecto de la propuesta.
Denuncias de abusos
La propuesta presentada el 23 de julio por Arias a las dos partes del conflicto de Honduras establece "la integración y legítima conformación de los poderes constituidos al 28 de junio de 2009". Esto implica que Zelaya regrese a la presidencia y Micheletti retorne a la jefatura del Congreso, que ocupaba anteriormente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cerró el viernes una visita a Honduras destinada a evaluar las denuncias de abusos contra los seguidores de Zelaya tras el golpe.
De acuerdo al informe preliminar, "la Comisión confirmó la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía".